por Marcelo J. Fleischer,
Mariana L. Moyano
y Ernesto Fleischer

En los últimos años, una importante cantidad de productos novedosos han sido presentados al gran público y rápidamente lanzados al mercado de los tratamientos oncológicos, ampliando el arsenal terapéutico a una velocidad sin precedentes en la historia de la oncología. El fenómeno alcanza extremos llamativos en el campo farmacológico, donde un sinnúmero de hallazgos alimentan la curiosidad de un público adicto a las novedades y cada vez más atento a las noticias relacionadas con la especialidad. Pero tanta motivación, comprensible toda vez que la vida humana está en juego, se muestra compleja y diversa examinada en su contexto.

Las leyes vigentes exigen a la industria farmacéutica un constante recambio de moléculas para sostener el monopolio sobre aquellas que integran la última generación. Sutiles cambios, no siempre necesarios, en la estructura química de un fármaco merecidamente aceptado en virtud de sus propiedades, bastan para obtener una nueva patente. Los “viejos” fármacos, sin importar su eficacia, son rápidamente apartados del centro de atención, cuando no condenados al ostracismo sin juicio previo. Ya no rinden como sus flamantes primos hermanos; es más, al agotarse sus privilegios, librados a los costos reales de producción, distribución y comercialización, a la evaluación objetiva de rigurosos ensayos clínicos y a la observación de médicos interesados por sus pacientes, algunos fármacos inaccesibles hasta para los más pudientes pasan bruscamente a costar menos que las ampollas que los contienen; otros, sigilosamente, son retirados del comercio.

Habitualmente, las ventajas de esos productos tienden a exagerarse, y a soslayarse sus efectos indeseables: se intenta presentar su potencial toxicidad como insignificante comparada con la de las alternativas disponibles, a pesar de un conocido abanico de situaciones tóxicas novedosas, en algunos casos mortales, asociadas a su administración; asimismo, se los anuncia como destinados a un blanco molecular específico, presuntamente vinculado al beneficio terapéutico, a la vez que se promueve su indicación indiscriminada.

Cada nuevo fármaco dado a conocer es precedido por fantásticas promesas, ya desde los primeros ensayos in vitro, basadas en teorías que sugieren un replanteo radical del enfoque terapéutico. Una vez aprobados por las autoridades competentes, se inicia la carrera, generalmente decepcionante, contra la evidencia. No hay tiempo que perder: publicidad abrumadora y toda clase de tácticas destinadas a seducir a los “decisores” (individuos en posición de autorizar y/o promover cierta indicación) se combinan para vender frenéticamente a precios insólitos - e independientes de las virtudes terapéuticas - que sólo pueden explicarse teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: un riguroso monopolio con fecha de vencimiento, regulaciones arbitrarias y cambiantes que obstaculizan la innovación y encarecen sus costos, y una pesada burocracia que traba la competencia, protegiendo a los pocos actores en condiciones de lidiar con ella. Finalmente, estos fármacos resultan, en su mayoría, devaluados por la cruel realidad, en ocasiones hasta ser descartados u olvidados. La esperanza renueva este ciclo, más que la evidencia científica: en tanto ésta se demora, aquélla se mantiene.

Es sabido que los progresos en la comprensión de los fenómenos biológicos involucrados en la proliferación celular no conducen, de por sí, al desarrollo de terapias eficaces; que generalmente, entre la ciencia básica y las ampollas o comprimidos a la venta, el camino es arduo y endemoniadamente complicado. Cada ensayo clínico implica un trabajoso diseño, la selección de una población en función de características puntuales, la recolección exhaustiva y el procesamiento metódico de la información obtenida, así como la presentación y discusión de las conclusiones, procurando que estas últimas no sean desmentidas luego, durante la etapa de distribución masiva.

Dada la naturaleza de los sistemas de salud, en su mayoría parcialmente socializados, no es infrecuente que el paciente y sus familiares tiendan a exigir indicaciones desprovistas del correspondiente aval científico. En tales casos, la “medicina defensiva”, o en su defecto el recurso de amparo, actúan en forma complaciente y prácticamente automática. Las consecuencias pueden ser curiosas: una misma institución que raciona pañales y sábanas para los pacientes internados, acaba gastando millones en el suministro de fármacos de última generación, sin más criterio que la presión publicitaria, el compromiso entre profesionales, funcionarios y laboratorios o el miedo a un proceso judicial. Semejante injusticia solo puede sostenerse cuando el que pide no paga, el que paga (el contribuyente) no decide y el que vende dispone a qué precio, libre de la fastidiosa competencia.

La solución de fondo radica, en gran medida, en la franca extensión de la cobertura sanitaria privada. Un importante segmento de usuarios del sistema público lo integran individuos que aceptarían de buen grado costear un seguro de salud privado a cambio de cuotas más económicas. En el ámbito sanitario, la condición básica de un amplio acceso a los servicios que ofrece la actividad empresarial es el derecho del cliente a renunciar a la cobertura de aquellas intervenciones que no considera prioritarias y/o cuyo costo, de todas formas, podría eventualmente afrontar, como las orientadas al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad para quienes ya no desean tener hijos, procedimientos odontológicos de baja complejidad, consultas puntuales, nutrición, atención psicológica, etc., quizás en favor de convenios personalizados que amplíen garantías y opciones en campos tales como la oncología, los transplantes, las emergencias, las enfermedades crónicas y sus complicaciones o la detección precoz de patologías prevalentes.

Mejorar la asignación de los recursos destinados a la sanidad apelando a los acuerdos voluntarios exigiría, desde luego, cambios profundos, especialmente chocantes para los adictos a la coerción; pero en el largo plazo no se vislumbra otra forma de asegurar un sistema de salud accesible, calificado y eficiente.

Puede que la oncología esté a las puertas de una nueva era de tratamientos a medida, basados en fármacos diseñados especialmente para cada paciente, certeros y atóxicos. Pero si tales puertas existen, solo serán abiertas con la ayuda de más iniciativa privada y menos interferencias burocráticas, desde los primeros pasos de la investigación básica hasta la administración de los nuevos tratamientos. De ello depende la esperanza de tantos individuos expectantes, depositada con toda justicia en una industria prodigiosamente creativa y dinámica, transformadora por excelencia de meros potenciales en resultados concretos.

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